El poder no cuestionado de la industria de guerra estatal en Colombia.


Para la guerra y la represión en Colombia, el Estado se ha valido de más que sus generales y soldados: ha gastado billones de pesos en armamento de todo tipo, desde las balas hasta los drones. Aunque una parte de esos insumos militares se han comprado a empresas extranjeras privadas, gran parte proviene de la poderosa industria militar colombiana estatal, una pieza clave de la estrategia militar nacional y ahora exportadora a 17 países.

Una industria militar grande y diversificada

La industria militar colombiana estatal consiste en cuatro empresas y entidades, cada una dedicada a un ámbito clave para las actividades bélicas y represivas del Estado colombiano. La más grande y antigua es Indumil, fundada en 1954, pocos años después del comienzo de La Violencia en Colombia. Con ventas de 590 mil millones de pesos en el 2019, Indumil provee la base del día-a-día de la guerra, especializándose en armas, municiones y explosivos. La acompañan tres entidades fundadas más recientemente: CIAC, especializado en lo aeronáutico; Cotecmar, con enfoque en lo marítimo y fluvial ; y Codaltec, encargada del desarrollo de nueva tecnología militar.

Aunque cada una tiene una estructura distinta, las cuatro son controladas por el Ministerio de Defensa: Indumil como empresa 100% propiedad del Ministerio; CIAC como empresa mixta, con 89% participación del Ministerio de Defensa y el resto propiedad de otras entidades militares; y Codaltec y Cotecmar como corporaciones sin ánimo de lucro adscritas al Ministerio de Defensa. Todas estas diversas estructuras permiten que la gran mayoría de sus ganancias se reinviertan en su misión, además de una pequeña parte que se trasfiere a las fuerzas armadas (23 mil millones desde Indumil en el 2021) y a otras entidades del Estado.

Estas cuatro empresas militares colombianas hacen parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GSED, el conglomerado de 18 entidades y empresas adscritas al Ministerio de Defensa que constituye uno de los 10 grupos empresariales más importantes del país (con ingresos operacionales de COP 6,1 billones en el 2019).

Producción, investigación, entrenamiento y mantenimiento para el militarismo

Las cuatro empresas, cada una en su área de especialización, se dedican a una serie de tareas esenciales para las actividades militares del Estado. Lo principal sigue siendo la producción de armas, donde lidera Indumil con la producción de todo tipo, las municiones (balas) para esas armas, granadas y bombas aéreas. Por otro lado, CIAC se encarga de producir dos tipos de drones (Coleum y Quimbaya) mientras que Cotecmar produce 10 tipos de buques militares marítimos y fluviales.

Además, las empresas militares estatales se ocupan del entrenamiento de tropas y el mantenimiento de sistemas militares. Codaltec, por ejemplo, opera un simulador de conducción de vehículos blindados de transporte de tropas; CIAC, por su parte, realiza el mantenimiento de aviones de transporte de la Fuerza Aérea. Y aunque Codaltec es la única con la misión exclusiva de la investigación, todas las cuatro dedican recursos al desarrollo de nuevas herramientas de guerra.

Mas vigilancia, violaciones de derechos humanos, militarización y gastos públicos

Como elemento esencial de la guerra y la represión estatal, los productos y servicios de la industria militar nacional tienen los mismos impactos ya conocidos del militarismo en el país: violaciones de derechos humanos, mayor vigilancia, militarización de relaciones con países vecinos y costos económicos enormes.

Violaciones a los derechos humanos: Abundan los ejemplos de las violaciones de derechos humanos cometidas con participación de la industria estatal de guerra en Colombia. Cuando la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de disidencias de las FARC en el 2019, asesinando a ocho niños y niñas, uno de los aviones que utilizó fue un Tucano, cuyo mantenimiento está a cargo de CIAC. Y aunque no está claro qué tipos de bombas se utilizaron en ese ataque, los Tucanos usan bombas MK.81 y MK.82, ambas producidas por Indumil. Pero lo más importante son las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército colombiano a lo largo de las últimas décadas con productos de Indumil, desde los fusiles Galil hasta las balas que disparan.

Mayor vigilancia: en la medida en que las fuerzas armadas colombianas han adoptado nuevas tecnologías para la vigilancia y el control de la protesta social, inicialmente importadas de países como Israel, la industria militar nacional ha buscado desarrollar sus propias herramientas de vigilancia. Es así que CIAC desarrolló el drone Coelum y lo vendió a la Fuerza Aérea Colombiana en el 2021. Esta nave de vigilancia e inteligencia, que cuenta con una cámara de visión nocturna, es capaz de identificar a una persona “al instante” a 400 metros. El drone apoyará las operaciones policiales y, según el ex Ministro de Defensa Diego Molano, realizará vigilancia aérea de protestas urbanas.

Diplomacia militarista: Por otro lado, las empresas militares estatales les brindan a las fuerzas armadas las armas desplegadas para militarizar nuestras fronteras y las relaciones con países vecinos, a costa de la diplomacia. Por ejemplo, la empresa Codaltec, dedicada al desarrollo de nueva tecnología militar, ha producido para la Fuerza Aérea un sistema de radar para la defensa aérea (TADER), en convenio con empresas españolas. Y la empresa militar aérea CIAC se encarga del simulador y los repuestos para los helicópteros Black Hawk, producidos por la multinacional estadounidense Lockheed Martin y utilizados en ejercicios militares en la frontera con Venezuela en el 2021.

Gastos públicos: las compras de las fuerzas armadas a las empresas militares colombianas hacen parte del enorme presupuesto militar del país: 10.2 billones de dólares en el 2021, el segundo más alto de América Latina. Un ejemplo reciente de la participación de la industria nacional en este gasto desmedido, a costa de los gastos sociales, fue el reciente plan frustrado de la Policía Nacional de comprar seis aviones de lujo a un costo de 200 mil millones de pesos. El encargado de realizar la compra fue CIAC, que no está sujeta a la ley de contratación y por lo tanto podía comprarlos sin cumplir los requisitos normales de transparencia.

Exportaciones de la guerra colombiana

Los productos bélicos desarrollados y producidos en Colombia no solo hacen daño dentro de Colombia. Las cuatro empresas militares nacionales también promocionan sus productos en ferias de armas en todo el mundo, como Expodefensa en Bogotá, y los exportan para uso en conflictos armados y represión en el exterior.

Estas empresas colombianas explícitamente se ufanan que, como dijo un ex gerente de Indumil, “Nuestros productos militares han sido probados por su efectividad en combate.” Y como comentó otro ex gerente de Indumil, “…esto ha generado un alto interés en las diferentes fuerzas armadas, de la región y en otros continentes.”. Como ya lo hemos descrito, esa efectividad en el combate ha significado violaciones de derechos humanos.

Twitter de Indumil https://twitter.com/indumilcolombia/status/1010180969234657283

Es decir, a través de las exportaciones militares, entramos en un ciclo de incentivos perversos con repercusiones para los derechos humanos aquí y en el exterior. La guerra en Colombia aumenta la credibilidad de la industria militar nacional y por lo tanto sus exportaciones, causando más muerte en los países importadores y trayendo mayores ingresos para las empresas militares nacionales. Estos ingresos luego se reinvierten en la guerra que se vive aquí en Colombia.

La primera exportadora nacional es Indumil, que tuvo 75 mil millones de ventas de exportaciones en el 2019—más de la mitad al medio oriente y el 43% a Centroamérica. Sus compradores incluyen la India, que mantiene una ocupación militar de Cachemira, y Turquía, donde el ejército turco reprime brutalmente a la población kurda. Y más cerca de nuestro país, Indumil le vendió 8.000 fusiles Galil al Ministerio de Defensa guatemalteco en el 2019; el ejército guatemalteco ha participado en allanamientos a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde que recibió esas armas. En el 2023 Indumil participó en una feria de armas en Rio de Janeiro donde, según un medio que cubre estas ferias, buscaba “dar a conocer la gama Córdova más allá de las fronteras colombianas y así ampliar su cartera de clientes internacionales entre los que, actualmente, se encuentran República Dominicana” y se encontraba en conversaciones para vender al Ecuador.

Pero quizás el caso más grave sea el apoyo colombiano a la guerra de Yemen, liderada por Arabia Saudí e indirectamente financiada por Estados Unidos, un conflicto donde han muerto más de 14,000 civiles desde el 2015. Cuando una bomba MK 82, fabricada por la empresa estadounidense Lockheed Martin, mató a 40 niños y niñas en el 2018, Arabia Saudí buscó nuevos proveedores de este tipo de bomba en caso de que la reacción política en Estados Unidos llevara a la suspensión de ventas. Encontró un nuevo socio en Indumil, que desde el 2018 le vende a Arabia Saudí el mismo tipo de bomba que perpetró la matanza, además de otras bombas aún más grandes.

Con todo, la participación internacional de la industria militar colombiana no se limita a ventas a otros Estados. La empresa nacional Codaltec, especializada en el desarrollo de nueva tecnología militar, también le vende a privados: su simulador de armas Gecko se usa para entrenamiento de tiro de guardias de seguridad privada.

A desmontar las empresas militaristas del Estado colombiano

Mientras se han ido privatizando las empresas estatales colombianas con una misión social, el Ministerio de Defensa ha mantenido un control férreo de su industria militar. Este sector ha permitido al Estado colombiano librar el conflicto armado interno de forma más “eficiente”, mientras reinvierte sus ganancias en mayor producción y el desarrollo de armas aún más letales.

En lugar de ampliar la misión de estas empresas, como ha propuesto el presidente Gustavo Petro, se deben ir desmontando en la medida en que se elimine o se reduzca dramáticamente el gasto militar en general. No podemos esperar que las fuerzas militares y sus empresas se transformen para ser “un motor de la modernización”. Más bien, tenemos que apuntar a relegar a la historia estos motores de militarismo y la muerte.


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