Aunque cambian los gobiernos el Estado sigue manteniendo la doctrina de vigilancia como sinónimo de cuidado colectivo, llamando seguridad a la estrategia de control policial y militar de las calles, acompañado de la observación permanente de nuestras comunicaciones. Esta estrategia de securitización del cuidado se garantiza con la militarización de nuestra vida cotidiana, algo que ha seguido con el gobierno de Gustavo Petro.
La “nueva” doctrina de seguridad
Por medio de distintas declaraciones el presidente Petro ha anunciado una política de seguridad para Colombia enfocada en la mal llamada “inteligencia”. Afirmó por ejemplo que su política de seguridad “se basará cada vez más en la inteligencia”; así mismo afirmó que el anunciado Nuevo Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios “concentra todas capacidades en inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, respaldado por un importante componente tecnológico que incluso incluye el uso de la Inteligencia Artificial”. Además, ha mencionado que este modelo se basa en la idea de un uniformado que “sea amigo del joven, que lo acompañe, que sepa leer el grafiti en la pared, conversar con el parche, que sea amigo de la ciudadanía”.
Como el mismo nombre del modelo lo indica, el presidente Petro intenta vender la mayor presencia del ejército y la policía en nuestros espacios, y en especial, el aumento de las actividades de inteligencia, como algo innovador y favorable a las personas y territorios. Para entender las implicaciones de este tipo de política, pasaremos a mirar algunas de las inversiones que el gobierno colombiano ha hecho en herramientas para la inteligencia y la cibervigilancia, y algunos de los usos que tienen estas herramientas.
En abril del 2024 la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) gastó 50 millones de dólares para aumentar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (lo que se conoce como ISR) de sus aviones Cessna Citation IV SR-560 Tracker. Cinco de estos aviones fueron donados por Estados Unidos en el 2008, y desde entonces la FAC los ha utilizado para “operaciones antiterroristas y contrainsurgentes” así como para la guerra contra las drogas. Estas tres excusas estatales sistemáticamente han sido utilizadas para reprimir personas y mostrar a la población como un enemigo interno: en el pasado han servido para criminalizar campesinos, afrodescendientes, indígenas o pobladores urbanos cuando protestan. Aun se mantiene en las cárceles colombianas a presos del estallido social del 2021, con todo y que gracias a estas personas se dio inicio al cierre de los más de 20 años de uribismo en el país.
Estas excusas siguen usándose además para justificar grandes inversiones militares. Cuando el gobierno hace estas inversiones no explica a la población cuál será su uso, ni nos informa sobre limitaciones o salvaguardas que se colocan sobre este. Por ejemplo, aunque el ISR se puede referir a la detección de trazos de aviones, también se refiere a la capacidad de monitoreo de comunicaciones y el uso de la ya mencionada inteligencia artificial. No tenemos información exhaustiva sobre los programas de inteligencia artificial con lo que cuenta el Estado, pero la fundación Karisma deninció en julio del 2021, durante el gobierno de Duque, que la Policía contrató un sistema de cibervigilancia que usa la inteligencia artificial de la Unión Temporal Phoenix, por más de cuatro mil millones de pesos, para vigilar redes como Facebook, Telegram, Twitter e Instagram y perfilar las cuentas más influenciadoras o con mayor interacción.
Palestina como laboratorio de civervigilancia e inteligencia artificial
El asesinato masivo de personas en Gaza nos habla del tipo de consecuencias que trae el uso de la inteligencia militar: la autorización de atrocidades por medio de perfilamiento automático de personas como objetivo militar. Por ejemplo, +972 Magazine y Local Call lograron hablar con seis oficiales de inteligencia israelíes quienes informaron sobre el uso del programa de IA “Lavender”, que se ha utilizado para identificar objetos de asesinato y ha jugado un rol central en el bombardeo masivo a la población palestina de Gaza. Los oficiales afirmaron que en las primeras semanas luego del 7 de octubre el ejército basó sus bombardeos casi exclusivamente sobre las listas de asesinato que producía “Lavander”. Se dedicaban unos escasos “20 segundos” de revisión humana antes de autorizar un bombardeo. La revisión se limitaba en la mayoría de los casos a verificar que los objetivos fueran hombres. Esto refuerza la práctica nociva de mostrar a cualquier hombre gazatí o palestino como objetivo militar válido, hemos cuestionado esa práctica acá.
Parte de Lavander es un sistema automático que profundiza las consecuencias de la identificación de los hombres gazatíes palestinos como objetivo militar. El programa se llama “Where is my Daddy?” (lo cual traduce a “¿Dónde está mi papá?), y su nombre es tan representativo como lo es desgarrador, pues fue diseñado para identificar cuando un objetivo militar entrara a su hogar para bombardearlo estando en casa. Esto ha llevado al asesinato de más mujeres e infancias que de hombres (los supuestos combatientes). Lo grave es que estas tecnologías son desarrolladas utilizando a Gaza como laboratorio, pero después son exportadas al mundo por las empresas del sector defensa de Israel, en lo que ahora denominan la inteligencia y cibervigilancia.
La cibervigilancia que sigue con Petro
La cibervigilancia se ha convertido en una dimensión sistemática de las estrategias de inteligencia del Estado y aunque es difícil saber con certeza todos los programas de cibervigilancia con los cuales cuenta el Estado colombiano, hemos podido identificar varios de ellos. Hemos informado antes sobre cómo de manera sistemática e ininterrumpida los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque adquirieron tecnología para la vigilancia en el mundo digital y la utilizaron contra personas defensoras de los derechos humanos, liderazgos sociales, personas trabajadoras de ONGs, personas magistradas de las altas cortes, senadoras, políticas de la oposición, participantes de las negociaciones de paz con las FARC-EP, y periodistas independientes.
La noticia más reciente es que el gobierno de Iván Duque adquirió el sistema de cibervigilancia Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, pagando 13 millones de dólares en efectivo que se transportó en un avión privado a Israel. Pegasus es un sistema que intercepta los celulares de las personas, acceden a todos sus datos, así como a su cámara y micrófono, e inclusive permite enviar mensajes a otras personas sin que la persona propietaria del celular se percate. Este es solo un ejemplo del tipo de negocios nefastos que acompañan las comprar militares en general, y las de inteligencia y cibervigilancia en particular.
Por otro lado, aunque se anunció que gracias a las protestas contra Expodefensa no participaron empresas israelíes en la versión del 2023, Cognyte –una empresa israelí de cibervigilancia– aún aparece como expositor en la página oficial de la feria de armas. Luego de participar en la versión anterior de Expodefensa en el 2021, Cognyte vendió a las Fuerzas Militares un sistema de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT por sus siglas en inglés), que permite recolectar y analizar datos de fuentes disponibles en internet –es decir toda la información que está disponible públicamente, como las redes sociales– y ha posibilitado la infiltración de grupos activistas en línea. La posible participación Cognyte en Expodefensa 2023 genera una alerta sobre compras de tecnología para la cibervigilancia por parte del gobierno colombiano en los últimos 6 meses, aunque muchas veces solo nos enteramos sobre estas compras luego del hecho, por la filtración de información, como sucedió con el software Pegasus que describimos con anterioridad.
Hablar de un nuevo modelo, como lo hace el gobierno de Petro, no lo vuelve algo innovador; enfocar una política estatal de seguridad en inteligencia no es una transformación, se basa en las mismas salas de interceptación que sus predecesores crearon. Colombia tiene un largo historial de uso de estrategias de inteligencia que han implicado significativas inversiones en ese sector. Mientras Petro anuncia con orgullo el enfoque de su gobierno en inteligencia, y dice que todas las armas “están llenando en este momento el faltante de miles de hombres y mujeres en la formación y actividad de inteligencia hasta los aspectos más complejos”, obvia que la inteligencia es en sí un arma que utilizan los gobiernos contra la gente. Es importante no aceptar estos discursos que lavan la cara de prácticas de vigilancia masiva, incluyendo la cibervigilancia.
No queremos más inteligencia ni vigilancia, no queremos que cualquier fuerza represiva del Estado cuente con este tipo de herramienta. Por ello exigimos que se desmonten todas las salas de interceptación de comunicaciones que mantiene el Estado colombiano. Mientras tanto, seguiremos resistiendo a la violencia estatal, a la seguridad y a la militarización de la vida cotidiana desde Colombia hasta Palestina.