El presupuesto exuberante de las fuerzas militares, la política de muerte y la represión obligan constantemente al Estado a reensamblar la precaria legitimidad de dicha institución. Esta legitimidad se ha presentado bajo nombres como: la lucha contrainsurgente, la guerra antidrogas, la seguridad democrática frente al terrorismo, y la construcción de la seguridad nacional. Más recientemente, la legitimidad del militarismo se reensambla bajo el nombre de la Seguridad Humana.
Cada uno de estos nombres han evocado en su momento sentimientos de enardecido patriotismo, profunda gratitud y luminosa esperanza. También cada uno de estos nombres han sido cuestionados, y sus promesas se han quedado cortas, perdiendo así una parte de su brillo. En Colombia, la Seguridad Humana también ya perdió en parte su brillo, porque estamos recordando la cara asesina y despilfarradora de las fuerzas militares.
Esa naciente estrategia del gobierno Petro plantea cambiar la política antidrogas, lo que el presidente ha llamado la “cultura de la violencia”, llevar alivio humanitario a territorios afectados por la guerra, y todo esto principalmente a través de negociaciones con múltiples actores armados para lograr la “Paz Total”. Esperamos que estas políticas traigan impactos positivos para comunidades y territorios de Colombia. Sin embargo, esta política del gobierno de Petro no cuestiona la legitimidad de las fuerzas militares ni su injerencia en nuestras vidas. Para ello, mantiene abiertas e inclusive abre las puertas de cada vez más ámbitos de nuestras vidas a esta institución. Estos incluyen la crisis climática, el control de la movilidad y las vías, y el transporte humanitario. En resumen, nos están vendiendo la idea que las fuerzas militares pueden darnos soluciones para estas problemáticas supuestamente cuidando la vida, y no la muerte. A continuación, presentamos algunos ejemplos de esta estrategia de legitimación.
Viajar con seguridad no es lo mismo que viajar con vigilancia
Este 2023, con el hashtag de #ViajeSeguro, todas las fuerzas armadas del Estado—el ejército, la Armada, y la Policía Nacional—han inundado sus redes sociales con frases como “municipios y vías de Valle del Cauca, Cauca y Nariño son vigilados por su Fuerza Área”. Esta frase está acompañada de imágenes de dichas vías vistas a través de la mira de un vehículo militar. Argumentan que esto lo hacen con el “único fin de permitir seguridad a todos nuestros viajeros”. Las premisas de esta afirmación son que necesitamos ser vigiladxs para estar segurxs, y que quienes nos pueden ayudar a “llegar a nuestras casas” son las fuerzas armadas del Estado. Pero ¿no será que antes que salvaguardarnos esta vigilancia, que nos ve como una amenaza a través del lente de la mira, nos pone en riesgo? No solo porque la presencia de actores armados, legales o ilegales implica que alguien cargando un arma pueda accionarla, sino por el hecho que identifica al total de las personas en carretera como amenazas hasta que se demuestre lo contrario.
Estas publicaciones hacen parte de la campaña #Viaje Seguro, usada, por ejemplo, durante todo abril por la Brigada 14, quien hizo presencia armada en varias zonas del Magdalena Medio bajo la excusa de que estaban “generando tranquilidad en la movilidad de la población civil l”. Con frases similares también hicieron presencia armada en los últimos meses Batallones como el de Alta Montaña, Ingenieros, Reyes, Patriotas, Infantería y Rooke en Vichada, Santander, y varios municipios de Boyacá, entre ellos Villa de Leyva, Soatá y Tipacoque, el Urabá y el Magdalena Medio, Quindío, Tolima, Risaralda, Chocó, Caquetá, Antioquia, Amazonia entre muchos otros departamentos y territorios.
Siempre bajo el lema de “Patria, Honor, Lealtad” hablan de “velar por la movilidad” y “brindar tranquilidad a propios y turistas”. La campaña de #ViajeSeguro es territorial, pero es también una campaña publicitaria de redes sociales. Por ello, usan recursos como fotos y vídeos de personas civiles sonriendo, alzando el pulgar, diciendo “buena esa” y agradeciendo una y otra vez con frases como “mis hermanos, mis compañeros del ejército que nos están cuidando, muy amables, nos están cuidando y me siento muy seguro”. Por supuesto, tampoco faltó el muñeco inflado vestido de camuflado, muy sonriente y “poco amenazante”, ni faltó la imagen de los viajeros siendo requisados por soldados, sus manos apoyadas sobre sus propios vehículos.
Se entiende que esta militarización estatal de las vías brinda una mayor sensación de seguridad a viajeros con más miedo a grupos armados ilegales que a las fuerzas militares. Pero para muchas personas de comunidades rurales y algunas personas de las ciudades, criminalizadas por las fuerzas militares, los retenes del ejército representan una amenaza constante. E incluso personas que creen que no le tienen nada que temer al ejército pueden salir heridos o maltratados de estos retenes. ¿Qué pasaría si no asociáramos las armas de asalto, la vigilancia y las requisas con tranquilidad, cuidado y protección?
El uso al mismo tiempo del hashtag #PlanAyacucho en estas publicaciones permite pensar que la campaña hace parte del “Plan de campaña conjunto Ayacucho”. Según el comandante General de las fuerzas militares, el Plan Ayacucho hace parte de la política de Paz Total, y tiene como objetivo las “acciones contra grupos armados delictivos, en especial contra el ELN”. El comandante General recientemente presentó un balance de dicho plan, mencionando combates con el ELN y afectaciones a la cadena de producción de la cocaína. El comandante cerró diciendo “con estos resultados obtenidos en el presente año damos muestra de la efectividad de las fuerzas militares”, afirmando que con la Policía Nacional seguirán “desplegados en cada rincón del país”.
Esta justificación de la “efectividad” y por lo tanto legitimidad de las fuerzas militares con base a tradicionales actos de guerra contrasta con los esfuerzos de lavado de imagen que se han asociado al “Plan Ayacucho”. Hay una contradicción entre la presentación de la campaña de #ViajeSeguro como un amigable acompañamiento y vigilancia para la tranquilidad de lugareños y turistas y la presentación del más amplio Plan Ayacucho como una estrategia de supresión militar de “grupos delictivos”. Parece evidente que la protección de civiles no es más que una pantalla de la guerra, y un acto de legitimación de las fuerzas militares.
Se mantiene el lavado verde del ejército
#ViajeSeguro no es la única estrategia de lavado de imagen dentro del Plan Ayacucho. Resaltan en particular las acciones “ambientalistas” del ejército que se han presentado como parte de este plan. Informan sobre acciones para neutralizar maquinaria para minería ilícita en el municipio de San Carlos, Antioquia, afirmando que “El ejército continuará aportando a la sostenibilidad ambiental, protegiendo la biodiversidad y los recursos naturales e hídricos”. Hablan de aportar a la reforestación en zonas afectadas por la minería ilegal y los cultivos ilícitos con un vivero artesanal. Describen cómo utilizan helicópteros para transportar plántulas, las cuales son sembradas por “entidades públicas y privadas, líderes sociales y juntas de acción comunal”. Es decir, mientras actores civiles y comunitarios se continúan encargando del cuidado de la naturaleza, las fuerzas militares se pueden presentar como los mayores amigos del planeta y de paso jactarse de los usos ambientales de sus vehículos militares. Publican relatos heroicos con titulares como “Un oso perezoso, un Mono araña y un puercoespín fueron rescatados por las fuerzas militares en Tumaco”. Afirmando así que “los soldados de Colombia demuestran que son custodios permanentes de los recursos naturales” y que “se busca concientizar sobre las diferentes formas de vida, sus derechos, la conservación de los ecosistemas y hábitats naturales”. Entonces nos preguntamos: ¿realmente el ejército le da mejor vida a los osos perezosos, monos arañas y puerco espines o solamente los utiliza?
Las imágenes de soldados como los héroes del planeta entran en directa contradicción con el gigante papel que han y siguen desempeñado las fuerzas militares en la destrucción de la naturaleza. Las fuerzas militares son mundialmente uno de los principales contribuyentes al cambio climático, juegan un papel fundamental en la defensa del modelo extractivo en Colombia, y han participado en múltiples catástrofes ambientales. ¿Bajo qué lógica serían los mayores destructores del planeta y la naturaleza sus mejores custodios? ¿No sería más apto relatar el heroísmo ambiental de comunidades indígenas, afros y campesinas que históricamente han custodiado el planeta y sus diversas formas de vida? Los soldados y las fuerzas militares están muy lejos de ser quienes nos salven de una crisis climática, son las entidades y comunidades civiles quienes mejor podemos hacerlo.
La excusa del “transporte humanitario”
Otra estrategia de lavado de imagen de las fuerzas militares y de su costosa maquinaria es el llamado “transporte humanitario”. Esto incluye el transporte de personas que se encuentran en necesidad de ser trasladadas de manera urgente y el traslado de insumos y materiales médicos. En los últimos años el Ministerio de Defensa ha publicado en su página web constantemente sobre el transporte de madres gestantes, víctimas de minas anti-personas, de piñas que se estaban perdiendo, mujeres en grave estado de salud, hombres con heridas de gravedad, menores de edad con cáncer, personas con amenazas de muerte, vacunas del Covid, insumos para la pandemia, y alimentos.
En ningún caso las notas sobre estos transportes humanitarios aparecen sin mostrar fotos y mencionar los vehículos militares que se han utilizado, figuran entre estos: el Boeing-767 Júpiter, el Black- Hawk VH-60L, el C-130 Hércules, el C-40 Atlas, el ARC ‘Golfo de Tribuyan’ de la empresa militar colombiana COTECMAR, el Bell 212, el Casa 295, y el ARC 102, entre otros. Cada uno de estos helicópteros, aviones y buques son vehículos militares. Su razón de ser y la razón por la cual fueron adquiridos por las fuerzas militares son guerreristas NO humanitarias. Sin embargo, las noticias sobre el transporte humanitario muestran un lado “ético” de estos vehículos y los soldados que los operan, legitimando su producción y compra. De esta manera, las fuerzas militares pueden argumentar que sus vehículos costosos tienen un “uso dual”, sin embargo, justificar este rubro presupuestario para esta institución sólo permite aumentar su capacidad letal. En realidad, hay instituciones civiles que podrían realizar transportes humanitarios, si recibieran el respectivo presupuesto, sin invertir en capacidad de lanzamiento de bombas y misiles.
En breve, estamos pintando la casa mientras se pudren los cimientos. Las fuerzas militares reensamblan su legitimidad jactándose de proteger a personas viajeras, de salvar el planeta, y hacer transporte humanitario. Al hacerlo, van ocupando cada vez más ámbitos de nuestras vidas, supuestamente para cuidarnos. Pero las fuerzas militares no cuidan la vida, eso es una vil mentira. Necesitamos fortalecer nuestras familias, amistades y comunidades, apoyar la permanencia de comunidades afros, indígenas y campesinas en sus territorios, construir sistemas de transporte y salud públicos, universales y gratuitos, eso sí es cuidar la vida.