La multinacional CAF, que hace parte de un consorcio español que licitó para la segunda línea de metro de Bogotá, participa en la ampliación de un sistema de tranvía en Jerusalén Oriental que apoya la expansión de las colonias israelíes en territorio palestino, ilegales bajo el derecho internacional.
Cuatro consorcios se presentaron a la licitación del metro, que se adjudicará en marzo de 2024. Tres son de capital chino, mientras que el cuarto es español, con dos constructoras (Sacyr y Acciona) y el fabricante de trenes CAF. Y aunque urge la construcción de la segunda línea del metro, vale la pena examinar los antecedentes de las empresas que compiten por este proyecto de 8.000 millones de euros.
En el 2019, la empresa española (vasca) CAF ganó la licitación para ampliar el sistema de tren ligero de Jerusalén. Esta ampliación conectará el territorio israelí de Jerusalén Occidental con los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino de Jerusalén Oriental. Jerusalén Oriental fue anexado por Israel en 1980, pero su anexión no es reconocida por las Naciones Unidas.
La población palestina que vive en Jerusalén Oriental enfrenta demoliciones de sus hogares, ataques y hostigamientos a manos de colonos israelíes y hasta la revocación de su permiso de residencia, obligándola a desplazarse de su ciudad natal. La ampliación del tren ligero, construido sobre tierra palestina robada, agudizará esa represión y desplazamiento.
En el 2015, la empresa francesa Veolia ya se retiró del mismo proyecto de tren ligero, luego de perder miles de millones de dólares en licitaciones internacionales gracias a largas campañas de boicot. Ahora una coalición global está impulsando acciones de boicot a CAF para presionarla a abandonar el tren ligero de Jerusalén.
Sindicatos y activistas de múltiples países han llevado a cabo protestas y campañas para lograr excluir a CAF de licitaciones públicas hasta que se retire del proyecto. Por su parte, Amnistía Internacional España y 30 otras organizaciones pidieron a la ONU que incluya a CAF en su base de datos de empresas involucradas en los crímenes de guerra de Israel. Y trabajadores de la misma empresa, organizados en el Comité de Empresa de una de sus plantas en el País Vasco, han exigido que salga de Palestina.
La participación de esta empresa en la licitación de una obra millonaria en Colombia resalta la necesidad de establecer estándares de respeto a los derechos humanos para este tipo de licitación. No se puede confiar que una empresa que se lucra del sufrimiento ajeno, en este caso en Palestina, respete la protección del medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores o incluso sus obligaciones legales si gana la licitación para el metro de Bogotá. Ni se debe seguir premiándola con contratos jugosos si sigue violando el derecho internacional en Palestina de la mano del Estado Israelí.