El 11 de abril, el canciller Álvaro Leyva firmó un acuerdo conjunto de Colombia, Estados Unidos y Panamá para frenar la migración que atraviesa el Tapón de Darién. La poca atención en los medios responde a versión del comunicado en español, de “Combatir las redes de tráfico y trata de personas”. Sin embargo, la versión en inglés de esta frase del acuerdo revela su verdadero objetivo: “Acabar con el movimiento ilícito de personas…” (“End the illicit movement of people and goods through the Darién…”.
Este plan, que claramente conllevará la militarización de la frontera, tendrá el efecto contrario de acabar con las redes de tráfico. Más bien, fortalecerá el papel de los grupos armados (el Clan del Golfo) en el paso de los migrantes. Expondrá a las personas migrantes a peores abusos a manos de estos grupos, a la violencia propia de la militarización y a los peligros de la selva aún más profunda. Como en la frontera entre México y EEUU, y la frontera marítima del Mediterráneo, se trata de una estrategia de “prevención a través de la disuasión”: aumentar el riesgo de muerte de las personas migrantes para disuadirlas de emprender el viaje.
Esto ocurre en un contexto de agudización de la represión a las personas migrantes en el territorio colombiano. El Grupo Especial Migratorio (GEM), cuyos integrantes incluyen la Policía Nacional y Migración Colombia, realiza redadas en que revocan Permisos Temporales de Permanencia y en algunos casos detienen a personas extranjeras. En el 2021, realizaron 37 mil operativos; en el 2022, el número de redadas subió a 218 mil, casi 6 veces más. (Ver este video de una redada). Esto quiere decir que cada hora hay más de 4 operativos contra migrantes en Colombia.
Mientras tanto, Migración Colombia sigue negando Permisos Temporales de Permanencia sin ningún motivo aparente, o por infracciones como el no uso de tapabocas. Es decir, el trato discriminatorio de la policía hacia estas personas hace que tengan mayor probabilidad de recibir una anotación policial, y luego Migración Colombia usa la anotación para negarles el derecho de permanecer en el país.
Además de decepcionante, preocupa que el gobierno de Gustavo Petro acepte un acuerdo en que Estados Unidos subcontrata a Colombia la militarización de su frontera norte, con consecuencias mortales para las personas migrantes. Tadamun Antimili se solidariza con las personas venezolanas, haitianas y de otras nacionalidades en condición migratoria irregular, apoyamos su derecho a cruzar la frontera hacia Estados Unidos o a quedarse a vivir en nuestro país, si así lo deciden, y les deseamos mucho éxito en evadir los controles migratorios, sea en las ciudades de Colombia o en el Darién.
