Este año inició con lo que no era inusual en el periodo de “Seguridad Democrática” que había regido al Estado desde el 2002: el despilfarro presupuestario en compras de armas para el fortalecimiento de la capacidad letal del Estado. Sin embargo, con el advenimiento de un nuevo proyecto político que prometió un giro a las dinámicas de la guerra y construyó un proyecto denominado “Paz Total”, si que es extraño y reprochable. En las siguientes lineas queremos denunciar varias de esas compras realizadas durante diciembre del 2022 y enero de este 2023, primero describiendo las compras nacionales y luego las internacionales.
Poco se habla de la industria millitar colombiana, pero una de las representantes más consentidas por el Estado es la empresa privada Armor International. Esta empresa presta servicios de blindaje y fabrica “Vehículos Protegidos Resistente a las Minas y las Emboscadas” que en el argot de guerra se conocen por sus siglas en inglés como MRAP. El Ministerio de Defensa compró cuatro de estos vehículos cuyo precio asciende a más de 1.5 millones de dólares. Esta compra se da justo en el momento en que la Fiscalía de la Nación abrió investigación por corrupción contra distintos ex generales y funcionarios de entidades por lo que considera cartel de contratación de vehículos blindados, y dentro de las empresas mencionadas se encontraría Armor International. Además de esa compra, este mes se reciben 5 vehículos blindados para transporte de tropa los cuales son nombrados como Titan-C, diseñados por las empresas colombianas IDS y Greit y cuyo precio por toda la compra ronda el millón de dólares.
De las compras a empresas internacionales destaca las empresas estadounidenses Textron Aviation y L3Harris Technologies, ambas productoras de máquinas para matar o vigilar desde el aire. A la primera se le compraron 4 aviones de entrenamiento que se suman a los seis que ya tiene la fuerza aérea; el valor de esta compra está por encima de los 38 millones de dólares. De la segunda empresa empezaron a operar 4 drones que fueron comprados en el pasado por cerca de 2 millones de dólares.
Resaltan la cantidad de contratos que se concertaron con empresas israelíes, entre las que se encuentran Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael. Con la primera se cerraron contratos para adquirir artillería (18 obuzes) por alrededor de 100 millones de dólares y tecnología para la guerra electrónica con que se equiparán dos aviones Boeing y que costó cerca de 92 millones de dólares. Con IAI se cerró un contrato para mantenimiento de la flota de los aviones de combate Kfirs por casi 6 millones de dólares para extenderles la vida hasta el 2025, y otro contrato por más de 131 millones de dólares para adquirir el sistema de defensa aérea Barak MX. En cuanto a Rafael se le adjudicaron contratos por cerca de 1 millón de dólares para hacerle el mantenimiento a los misiles de los helicópteros Harpía y se prevé otro contrato adicional de alrededor de cincuenta mil dolares para hacer el mantenimiento de un vehículo blindado 4×4 llamado Carmor-Hatehof.
Entre una y otra cosa el gobierno colombiano invirtió en estas vacaciones cerca de 390 millones de dólares y esto solo haciéndole seguimiento a los contratos más grandes por lo que seguro la cifra es aún mayor. No solo es una cifra escandalosa sino inaceptable para un gobierno que afirma que busca construir la paz en el país.
Ningún ejército ni arma de guerra da paz. Todo lo contrario: lo que el gobierno favorece es el matrimonio que mantienen los militares y la industria de guerra a costa de la militarización de la sociedad colombiana. Por ello seguimos exigiendo una reforma urgente y estructural al sector de “defensa y seguridad”. Esto pasa por frenar las compras de guerra y acabar por completo con la industria de guerra estatal asociada en el Grupo Social y Empresarial de la Defensa que hace parte del gobierno nacional.