Como abogadas, abogados, activistas y defensoras y defensores de los derechos humanos palestinos e internacionales, estamos lanzando una campaña contra el régimen colonial y de apartheid israelí y su política sistemática de castigo colectivo contra las y los familiares de luchadores por la libertad palestina.
La esencia de esta política es la demolición punitiva de hogares familiares. Esta política deja a civiles inocentes sin hogar y en dificultades económicas extremas, dado que muchas veces ya perdieron sus principales proveedores de la familia, porque fueron asesinados o encarcelados por el régimen israelí.
En grave violación del Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario (el Reglamento de La Haya y el Cuarto Convenio de Ginebra), el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Consuetudinario, el régimen israelí ha impuesto castigos colectivos contra el pueblo palestino desde el comienzo de la ocupación militar en 1967. Israel sistemáticamente ha realizado ejecuciones extrajudiciales o detenciones de palestinos y palestinas a los que acusa de llevar a cabo acciones legítimas de resistencia contra la ocupación y colonización de tierras palestinas, sometiendo a muchos a largas penas de cárcel sin pruebas o juicios justos. Luego somete a sus familiares, por asociación, a castigos adicionales al demoler sus hogares . Esta política se ha intensificado desde 2015, particularmente en la ciudad de Jerusalén.
Esta es una de las muchas formas de castigo colectivo utilizadas por el régimen israelí contra el pueblo palestino por su resistencia. Otras formas de castigo colectivo incluyen: la anulación del estatus de residencia permanente de los familiares de presos políticos en Jerusalén, el traslado forzoso desde sus hogares, la negación y cancelación de los permisos de trabajo israelíes para familiares cercanos y lejanos, la prohibición de nuevas construcciones en el lugar de las vivienda demolida y la confiscación de las mismas propiedades.
Esto se ve agravado por los esfuerzos legislativos de la Knesset (parlamento) israelí para promulgar legislación que exige la demolición de viviendas y el desplazamiento forzado de todas las familias de mártires (es decir, palestinos y palestinas asesinadas por las fuerzas de ocupación israelíes), o el traslado de presos de sus pueblos de origen a otras zonas de Cisjordania o la Franja de Gaza.
De la misma manera, esta acción ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Israel, que ordenó que a partir del 1 de marzo de 2020, los hogares familiares de Yazan Mghames y Walid Hanatsheh, dos presos políticos recientemente detenidos, puedan ser demolidos en cualquier momento. La familia de otro preso, Qassam Barghouthi, recibió una orden militar para la demolición de su vivienda, pero aún no ha sido confirmada por el Tribunal. Los tres han sido acusados de presuntamente llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes cerca de la colonia israelí ilegal de «Dolev».
Una casa familiar es más que una propiedad: es tan sagrada como la familia misma. Sin embargo, se están demoliendo simplemente por una decisión militar arbitraria e inhumana, justificada por pretextos ilógicos y coloniales que solo sirven la necesidad continua de venganza por parte de Israel.
Estos actos constituyen «venganza sancionada por los tribunales». Son formas de castigo colectivo contra personas que no han sido acusadas, y mucho menos condenadas, por ningún delito. Esta política de demolición de viviendas viola tanto la prohibición de destruir y apropiarse de los bienes de personas protegidas bajo el Derecho Internacional Humanitario, como la prohibición absoluta al castigo colectivo de acuerdo al Derecho Internacional Consuetudinario. El carácter sistemático de la política probablemente también constituya violaciones en virtud al Estatuto de Roma, particularmente los Artículos 7(1)(h),(k) y/o los Artículos 8(2)(a)(iv) (2)(b)(xiii). La demolición de viviendas también viola el derecho a la vivienda, según lo estipulado en las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos. Es importante destacar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado en repetidas ocasiones que la prohibición del castigo colectivo es no derogable, incluso en estados de emergencia. Además, la imposición de castigos colectivos constituye un crimen de guerra.
Según los principios del Derecho Internacional Consuetudinario y la jurisprudencia internacional, los terceros Estados son responsables de prevenir las violaciones continuas del derecho humanitario mediante la investigación, el enjuiciamiento, la retención de ayuda o reconocimiento y la cooperación para poner fin a la violación grave, incluso a través de medidas de represalia contra los Estados infractores. A pesar de esto, la oposición de la comunidad internacional al uso del castigo colectivo por parte de Israel pocas veces ha superado el nivel de denuncia verbal. Les tocará a las y los palestinos y al movimiento de solidaridad con Palestina presionar a la comunidad internacional y a Israel para que se detengan estas violaciones.
Por lo tanto, les pedimos a nuestras aliadas y aliados apoyarnos haciendo lo siguiente para poner fin al castigo colectivo:
- Concientizar en medios locales e internacionales sobre el uso de las demoliciones de viviendas por parte de Israel como una forma de castigo colectivo y de traslado forzoso, y resaltar que esto constituye un crimen de guerra. Esto puede ayudar a que se priorice el tema en la agenda de la ONU.
- Presionar a la Corte Penal Internacional (CPI) para que agregue el castigo colectivo a su lista de crímenes enjuiciables. Esto representaría un paso para poner fin a la impunidad israelí y así permitir el enjuiciamiento de esta violación de los derechos humanos básicos.
- Dado lo anterior, es urgente ayudar a las víctimas a presentar sus casos de castigo colectivo, particularmente las demoliciones de viviendas, ante la Fiscalía de la CPI (correo electrónico: opt.informationdesk@icc-cpi.int) para que se consideren como violaciones bajo el Estatuto de Roma, y al Relator Especial sobre la Vivienda Adecuada para su investigación especial (srhousing@ohchr.org), así como a otros organismos internacionales que se dedican a facilitar la participación de las víctimas.
- Seguir trabajando para el aislamiento del régimen israelí y el avance del movimiento de boicot, desinversión y sanciones como la estrategia activista fundamental que busca ejercer presión económica y política sobre la potencia ocupante.
Esta forma de castigo colectivo y crimen de guerra solo se puede detener si se responsabiliza al régimen israelí.
– Abogadas, abogados, activistas y defensoras y defensores de los derechos humanos palestinos e internacionales.